El plan de pagos es una de las vías previstas dentro de la Ley de Segunda Oportunidad para obtener la exoneración de determinadas deudas sin necesidad de liquidar previamente toda la masa activa. Esto resulta especialmente relevante para personas que tienen patrimonio que desean conservar o una estructura de ingresos que permite plantear una solución progresiva.
La propuesta debe reflejar cómo se atenderán durante el periodo correspondiente las obligaciones que deban satisfacerse y qué recursos se utilizarán para ello. La ley exige tener en cuenta los ingresos disponibles, su posible evolución, los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y, cuando exista actividad profesional o empresarial, las necesidades relacionadas con su continuidad.
Además, la exoneración alcanza la parte del pasivo exonerable que, conforme al propio plan, vaya a quedar insatisfecha. Esto significa que el objetivo no es necesariamente devolver toda la deuda, sino establecer una solución compatible con la capacidad económica real del deudor y con las reglas legales aplicables.
En LEX Abogadas analizamos si el plan de pagos puede ser una alternativa adecuada en tu caso y qué debe contener para responder realmente a tu situación económica.
Un plan de pagos no consiste en asumir otra financiación. Es una vía legal para ordenar determinadas obligaciones durante un periodo concreto y acceder a la exoneración de la parte del pasivo que legalmente pueda quedar insatisfecha.
Es necesario conocer con precisión qué ingresos percibe el deudor y qué cantidad puede destinar razonablemente al cumplimiento del plan.
La propuesta no puede plantearse ignorando los gastos de vivienda, alimentación, suministros, familia y otras necesidades básicas que deben seguir afrontándose.
No todas las obligaciones tienen el mismo tratamiento. Antes de plantear el calendario hay que identificar qué deuda puede quedar exonerada y qué deuda deberá seguir atendiéndose.
Si existen bienes que el deudor quiere mantener, como la vivienda habitual o determinados bienes necesarios para su actividad, deben analizarse desde el principio dentro de la estrategia.
Construimos la propuesta a partir de tu economía real
Revisamos cuánto ingresas, cuáles son tus gastos habituales y qué margen económico existe realmente después de cubrir tus necesidades básicas.
Identificamos a los acreedores y estudiamos qué tratamiento corresponde a cada obligación dentro de la Ley de Segunda Oportunidad.
Analizamos vivienda, vehículos, ahorros, actividad profesional y cualquier otro bien que pueda influir en la estrategia.
Planteamos un calendario y una estructura de pagos que respondan a la capacidad económica prevista durante la duración del plan y a los requisitos establecidos legalmente.
La cantidad no se determina mediante una cuota estándar. Dependerá de los recursos disponibles, de las obligaciones existentes y de la estructura concreta del plan.
El plan de pagos no debe confundirse con una refinanciación convencional. Su finalidad se integra dentro del mecanismo de exoneración previsto por la Ley Concursal.
Precisamente una de las características de esta vía es que permite solicitar la exoneración sin liquidación previa de toda la masa activa, aunque la conservación de bienes debe analizarse caso por caso.
Los ingresos de una persona pueden aumentar o disminuir durante varios años. La legislación contempla mecanismos para analizar determinados cambios relevantes durante la vigencia del plan.
Si cumples los requisitos para cancelar deudas con la Ley de Segunda Oportunidad, podrás cancelar préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos y deuda pública. No pierdas tiempo, cuanto antes inicies, antes podrás olvidarte de las deudas.
Valorados por más de 200 clientes satisfechos
Personas libres de deudas
La duración del plan de pagos es una de las dudas más habituales. La regulación concursal vigente establece, con carácter general, un plazo de tres años desde su aprobación judicial.
Sin embargo, existen situaciones en las que el plazo puede ampliarse a cinco años. Esto ocurre, entre otros supuestos, cuando no se realiza la vivienda habitual del deudor o cuando el importe de los pagos depende exclusiva o fundamentalmente de la evolución de sus ingresos y recursos disponibles.
Esta diferencia es importante porque el plazo no se elige simplemente en función de cuánto tiempo quiera pagar el deudor. Debe encajar dentro de los supuestos legales y de la estrategia que se plantee para resolver la insolvencia.
En LEX Abogadas estudiamos la duración desde el inicio para que puedas entender cuánto tiempo puede mantenerse el plan y qué obligaciones tendrás durante ese periodo antes de tomar una decisión.
El plan debe identificar qué parte de las deudas exonerables se satisfará y qué parte quedará previsiblemente insatisfecha. La legislación establece que la exoneración se extiende precisamente a esa parte del pasivo exonerable que, conforme al plan, no vaya a pagarse.
También existen deudas que no quedan exoneradas y que deben recibir el tratamiento que corresponda conforme a la normativa. Por eso, antes de hablar de una cantidad mensual o de un porcentaje de cancelación, es imprescindible clasificar correctamente todas las obligaciones.
Durante el periodo del plan existen además determinados efectos sobre los intereses. La ley establece que los créditos exonerables no devengan intereses durante su vigencia y regula igualmente el tratamiento de los créditos no exonerables, con particularidades cuando existen garantías reales.
Por eso, el verdadero trabajo previo no consiste únicamente en sumar todas las deudas, sino en determinar qué naturaleza tiene cada una y cómo debe reflejarse en la propuesta.
En LEX Abogadas realizamos este análisis antes de diseñar el plan para evitar expectativas poco realistas sobre qué se pagará y qué podrá quedar exonerado.
Una de las razones por las que muchas personas se interesan por el plan de pagos es la posibilidad de estudiar una solución que no implique necesariamente la liquidación previa de su vivienda habitual.
La Ley Concursal establece que la duración del plan será de cinco años cuando no se realice la vivienda habitual del deudor y, cuando corresponda, de su familia. Esto demuestra que la propia normativa contempla expresamente escenarios en los que la vivienda puede mantenerse durante esta modalidad de exoneración.
Sin embargo, no significa que cualquier vivienda pueda conservarse automáticamente. Será necesario analizar su valor, las cargas existentes, una posible hipoteca, los ingresos disponibles y la viabilidad general del plan. También debe estudiarse cómo afecta el inmueble al conjunto de acreedores y a las obligaciones del deudor.
En LEX Abogadas revisamos estos factores antes de plantear un plan. Si conservar tu vivienda es una prioridad, lo tendremos en cuenta desde el inicio para valorar si existe una estrategia jurídicamente viable.
El plan de pagos es una modalidad prevista en la legislación concursal que permite solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho sin liquidar previamente toda la masa activa. El deudor presenta una propuesta en la que detalla cómo afrontará determinados pagos durante un periodo concreto y qué recursos utilizará para cumplirla.
El plan debe tener en cuenta los ingresos disponibles, su evolución previsible, las necesidades de subsistencia del deudor y de su familia, las nuevas obligaciones que puedan surgir y, cuando exista una actividad empresarial o profesional, los recursos necesarios para mantenerla. No se trata, por tanto, de fijar una cuota arbitraria, sino de construir una propuesta coherente con la economía real de la persona.
Además, la finalidad sigue siendo conseguir una exoneración. La normativa establece que esta se extenderá a la parte del pasivo exonerable que, conforme al plan, vaya a quedar insatisfecha. Por tanto, no debe confundirse con una refinanciación en la que necesariamente haya que devolver el 100 % de todas las obligaciones.
En LEX Abogadas estudiamos primero tus ingresos, gastos, patrimonio y acreedores para determinar si esta modalidad tiene sentido en tu situación y qué estructura puede resultar jurídicamente viable.
Con carácter general, el plan de pagos tiene una duración de tres años, contados desde la fecha en que se produce su aprobación judicial. Sin embargo, la propia legislación concursal contempla determinados supuestos en los que esa duración se amplía hasta los cinco años.
Uno de esos supuestos aparece cuando no se realiza la vivienda habitual del deudor y, cuando corresponda, de su familia. También puede aplicarse el plazo de cinco años cuando el importe que debe pagarse dependa exclusiva o fundamentalmente de la evolución de la renta y de los recursos disponibles del deudor.
Por tanto, no todas las personas sometidas a un plan estarán durante el mismo periodo ni puede elegirse libremente entre tres o cinco años. La duración debe determinarse según las circunstancias y la estructura concreta del plan.
Este punto es especialmente relevante para valorar la sostenibilidad de la solución. Una propuesta que puede parecer asumible durante unos meses debe poder mantenerse durante varios años sin impedir que el deudor atienda sus necesidades básicas y sus nuevas obligaciones.
En LEX Abogadas te explicamos desde el inicio qué duración podría corresponder en tu caso y qué implicaciones tendrá antes de plantear formalmente la propuesta.
No necesariamente. El plan de pagos no consiste simplemente en fraccionar toda la deuda hasta devolverla íntegramente. Su funcionamiento está vinculado al régimen de exoneración de la Ley de Segunda Oportunidad y, por tanto, debe distinguirse entre deuda exonerable, deuda no exonerable y la parte de las obligaciones que efectivamente se incluya en el calendario.
La Ley Concursal establece que la exoneración se extenderá a la parte del pasivo exonerable que, según el plan aprobado, vaya a quedar insatisfecha. Esto significa que la propuesta puede contemplar el pago de determinadas cantidades mientras que otra parte de la deuda exonerable no llegue a satisfacerse y quede afectada por la exoneración en los términos previstos legalmente.
Sin embargo, no todas las deudas pueden recibir ese tratamiento. Existen obligaciones excluidas total o parcialmente de la exoneración y créditos que tienen reglas específicas, por ejemplo determinadas deudas públicas, obligaciones por alimentos o créditos garantizados.
Por eso, en LEX Abogadas clasificamos primero todas las deudas antes de calcular qué esfuerzo económico tendría sentido proponer. Hablar simplemente de “pagar una cantidad durante tres años” sin analizar la naturaleza de los créditos puede generar expectativas completamente equivocadas.
No existe una cuota mensual fija o un porcentaje universal aplicable a todos los planes de pagos. La propuesta debe construirse teniendo en cuenta los recursos que previsiblemente tendrá el deudor durante su vigencia y las obligaciones que deberá continuar atendiendo.
Para ello es necesario analizar ingresos, gastos básicos, cargas familiares, vivienda, actividad profesional y el resto de circunstancias económicas. La propia Ley Concursal exige que la propuesta detalle los recursos previstos para cumplir el plan, así como los necesarios para atender las deudas no exonerables, las obligaciones de alimentos, la subsistencia y, cuando corresponda, la continuidad de la actividad empresarial o profesional.
Por ejemplo, dos personas con la misma cantidad total de deuda pueden terminar con propuestas completamente diferentes si una tiene mayores ingresos pero también importantes cargas familiares y la otra dispone de menos ingresos y carece de patrimonio.
En LEX Abogadas realizamos este análisis a partir de la economía real del cliente. El objetivo no es construir un plan que parezca atractivo sobre el papel, sino uno que pueda sostenerse durante todo el plazo y que tenga posibilidades reales de ser aprobado y cumplido.
En determinados casos, sí puede estudiarse la posibilidad de conservar la vivienda habitual mediante un plan de pagos. La propia Ley Concursal contempla expresamente esta situación al establecer una duración de cinco años para el plan cuando no se realiza la vivienda habitual del deudor y, cuando corresponda, de su familia.
Sin embargo, esta previsión no significa que conservar la vivienda sea automático ni que pueda garantizarse en cualquier caso. Es necesario analizar el valor del inmueble, las cargas existentes, el importe pendiente de una eventual hipoteca, la capacidad económica futura y el resto del patrimonio y las deudas.
Además, cuando existe financiación hipotecaria, el crédito garantizado tiene un tratamiento específico dentro del procedimiento. Por ello, la viabilidad de mantener la vivienda debe estudiarse junto con la capacidad de continuar atendiendo las obligaciones correspondientes y con la estructura general del plan.
En LEX Abogadas analizamos desde el principio si la conservación de la vivienda es una prioridad para el cliente y qué posibilidades existen realmente. Antes de recomendar esta modalidad, revisamos si el plan puede sostenerse sin convertir la conservación del inmueble en una nueva fuente de dificultades económicas.
La situación económica de una persona puede variar considerablemente durante los tres o cinco años que puede durar un plan de pagos. Precisamente por eso, la Ley Concursal contempla qué ocurre cuando después de la exoneración provisional se produce una alteración significativa en los recursos económicos del deudor.
En estas situaciones, tanto el deudor como cualquiera de los acreedores afectados por la exoneración pueden solicitar al juez la modificación del plan de pagos. La modificación debe tramitarse judicialmente y sigue un procedimiento similar al de la aprobación inicial. Por tanto, no es correcto pensar que el deudor puede cambiar unilateralmente las cantidades que paga simplemente porque su situación haya variado.
Esta posibilidad resulta importante cuando aparecen cambios relevantes, por ejemplo una pérdida considerable de ingresos o, en sentido contrario, una mejora económica sustancial. Lo importante será estudiar hasta qué punto esa variación modifica la capacidad que había servido de base para elaborar el plan original.
En LEX Abogadas explicamos desde el inicio esta obligación de transparencia y seguimiento para que el cliente sepa que el plan no termina en el momento de su aprobación, sino que exige cumplir determinadas responsabilidades durante toda su vigencia.
El incumplimiento del plan puede tener consecuencias importantes, por lo que no debe aceptarse una propuesta que resulte claramente imposible de mantener desde el principio. La exoneración obtenida durante esta modalidad tiene inicialmente carácter provisional y puede ser objeto de revocación en los supuestos previstos legalmente.
No obstante, la normativa contempla también determinadas circunstancias excepcionales. Al finalizar el plazo, el juez puede llegar a conceder la exoneración definitiva aunque el plan no se haya cumplido íntegramente cuando el incumplimiento se deba a accidente, enfermedad u otros acontecimientos graves e imprevisibles que afecten al deudor o a las personas con las que convive, siempre que se hayan cumplido las demás condiciones exigidas por la ley.
Esto no significa que pueda dejarse de pagar voluntariamente cuando el plan deja de resultar cómodo. Si aparecen problemas económicos durante su vigencia, es importante analizarlos cuanto antes y valorar si procede solicitar una modificación en lugar de acumular incumplimientos.
En LEX Abogadas insistimos en diseñar una propuesta realista desde el primer momento y en revisar cualquier cambio relevante durante su cumplimiento para intentar evitar que una solución inicialmente viable termine poniendo en riesgo la exoneración.
Durante esta modalidad existe inicialmente una exoneración provisional vinculada al cumplimiento del plan. Una vez transcurrido el plazo establecido sin que esa exoneración haya sido revocada, el juez dicta el auto que concede la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho.
Durante el plan, el deudor mantiene deberes de colaboración e información y debe comunicar periódicamente el cumplimiento de la propuesta y determinadas alteraciones patrimoniales significativas. Esto significa que la aprobación inicial no supone que el procedimiento quede completamente olvidado durante los siguientes años.
La Ley Concursal también contempla supuestos excepcionales en los que puede concederse la exoneración definitiva pese a no haberse cumplido íntegramente la propuesta cuando concurren acontecimientos graves e imprevisibles en los términos establecidos legalmente.
Por eso, acogerse al plan de pagos debe entenderse como un proceso completo y no únicamente como conseguir una primera resolución favorable. En LEX Abogadas te explicamos desde el principio qué obligaciones existen durante su vigencia y qué pasos deben completarse hasta alcanzar la exoneración definitiva.
¿No encuentras respuesta a tu consulta?
